La Oroya. Resumen de caso

El Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), establecido en 1922 en la región de Junín, Perú, ha sido un epicentro de contaminación ambiental durante décadas. Desde su fundación, el CMLO se ha dedicado a la fundición y refinamiento de concentrados polimetálicos que incluyen metales como plomo, cobre, zinc, así como otros metales como oro, plata y arsénico. Estas actividades han generado una contaminación severa del aire, agua y suelo en la ciudad de La Oroya, afectando gravemente la salud de sus habitantes.

La Oroya ha sido históricamente una de las ciudades más contaminadas del mundo, especialmente a causa de las emisiones de metales pesados provenientes del complejo metalúrgico. Un estudio realizado por el Ministerio de Salud en 2005 reveló que 788 niños y niñas de la zona tenían niveles de plomo en la sangre muy por encima de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta situación ha persistido durante generaciones, sin que se hayan implementado medidas eficaces para mitigar el daño ambiental y proteger la salud de la población.

En 2002, un grupo de ciudadanos de La Oroya presentó una demanda contra el Ministerio de Salud (Minsa) para exigir una estrategia de salud pública que mitigara y remediara los efectos de la contaminación. En 2006, el Tribunal Constitucional del Perú falló parcialmente a favor de los demandantes, ordenando al Estado tomar medidas de protección. Sin embargo, más de 14 años después, las medidas ordenadas no se habían implementado, y el Tribunal no promovió acciones para asegurar el cumplimiento de su fallo.

Ante la falta de respuestas en el ámbito nacional, los residentes de La Oroya llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de justicia a nivel internacional. Tras un largo proceso de 15 años, la CIDH determinó la responsabilidad del Estado peruano en la violación de los derechos humanos de los residentes de La Oroya y presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En noviembre de 2023, la Corte emitió su sentencia, que fue dada a conocer en marzo de 2024.

Sentencia de la Corte IDH y responsabilidades del Estado peruano

La Corte IDH concluyó que el Estado peruano es responsable de violar varios derechos humanos, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano, la salud, la vida y la integridad personal. Además, la Corte determinó que el Estado no garantizó el acceso a la información ni la participación política de los ciudadanos afectados.

La sentencia obliga al Estado peruano a implementar una serie de medidas para remediar los daños ambientales y proteger la salud de los residentes de La Oroya. Estas medidas incluyen la realización de un diagnóstico de línea base, la creación de un plan de acción para la remediación de los daños ambientales, la compatibilización de los estándares de calidad del aire con estándares internacionales, y la implementación de un sistema de información sobre la calidad del aire y agua en zonas de alta actividad minero-metalúrgica. Además, se ordena la elaboración de un programa de capacitación en temas ambientales para jueces y funcionarios públicos.

¿Qué buscamos en este caso? 

La sentencia de la Corte IDH es de carácter vinculante, lo que obliga al Estado peruano a cumplir con todas las medidas ordenadas dentro de los plazos establecidos. Por ello, hacemos un llamado a todas las entidades estatales responsables a cumplir con sus obligaciones de manera oportuna, sin esperar al vencimiento de los plazos. Enfatizamos el rol central del Ministerio del Ambiente en este proceso y la necesidad de coordinación efectiva entre todas las entidades involucradas para asegurar la remediación de los daños en La Oroya y la protección de los derechos humanos de sus habitantes.