La Oroya aún registra niveles peligrosos de azufre ante inacción del Estado 

A fines del año pasado, la Corte IDH emitió un fallo histórico que ordena al Perú que regule las emisiones de dióxido de azufre en el complejo de La Oroya. Sin embargo, cifras oficiales revelan que esta planta continúa emitiendo niveles muy por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 

Escrito por Geraldine Santos (previamente publicado en La Encerrona)

“Hoy el humo está más intenso”, es el mensaje que recibió Yolanda Zurita Trujillo (65) por Whatsapp, la primera semana de mayo de este año. Como defensora ambiental, Zurita recibe a diario mensajes de vecinos de La Oroya antigua, una ciudad ubicada frente a un complejo metalúrgico dedicado a la refinación de minerales. Desde hace dos meses, esta planta ha reactivado sus operaciones y, por ese motivo, el dióxido de azufre ha vuelto a salir desde sus chimeneas hacia el cielo de Junín.

Zurita es una de las 80 habitantes de La Oroya que, en el 2007, denunció al Estado peruano por no regular las operaciones del complejo metalúrgico. Debido a sus emisiones, La Oroya ha sido la segunda ciudad más contaminada del mundo y, entre 2004 y 2006, más del 90 % de los niños de localidades aledañas registraban altas concentraciones de plomo en sangre. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Perú que las emisiones de la planta sean reguladas.

“Es importante hacer notar que las víctimas tuvieron que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; ya que, en el ámbito peruano interno, no encontraron justicia para sus demandas” comenta Carol Mora, directora del programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Sin embargo, desde la difusión de la sentencia, el 22 de marzo de este año, el complejo de La Oroya ha registrado hasta 39 días con emisiones de dióxido de azufre superiores a lo recomendado por la Corte IDH. El punto más alto se registró el 27 de marzo, cinco días después de conocido el fallo, con más de 183 µg/m3; cuando la Corte IDH ha observado que lo máximo permitido es de 40 µg/m3 al día. La exposición a niveles superiores a 40 µg/m3 de dióxido de azufre puede causar problemas respiratorios y aumentar las hospitalizaciones y la tasa de mortalidad. En Perú, se asocian alrededor de 14 mil muertes anuales con la contaminación del aire.

El fallo de la Corte IDH alerta que “los materiales contaminantes presentes en La Oroya se llegaron a depositar en el suelo y el agua como resultado de la contaminación en el aire”. Además del 27 de marzo, el portal Vigilancia Ambiental del OEFA registra otros 16 días, en el presente mes de mayo, en que los niveles de dióxido de azufre fueron superiores a los 100 µg/m3, muy por encima del estándar establecido.

Las personas expuestas a niveles mayores de 40 µg/m3 de dióxido de azufre pueden presentar problemas respiratorios y un mayor número de hospitalizaciones y tasa de mortalidad, según explicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a La Encerrona. En Perú, alrededor de 14 mil fallecimientos anuales se asocian con contaminación en el aire e interiores, según reportes de este organismo.

“La Corte ordenó que el Estado peruano compatibilice los estándares de calidad de aire nacional con los parámetros internacionales, lo que significa que debe cambiar la norma”, dijo el abogado Christian Huaylinos, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). A la fecha, la normativa peruana acepta la emisión de hasta 250 μg/m³ de dióxido de azufre al día, muy por encima de los parámetros de la OMS. 

La sentencia de la Corte IDH ha dado plazo de dos años al Perú para adecuar su legislación. Para ello, es necesario que la nueva normativa sea aprobada vía decreto supremo del Ministerio del Ambiente (Minam), con la ratificación de los ministerios de Energía y Minas, Transporte y Comunicaciones, Producción, Vivienda, y Salud. 

El complejo metalúrgico está ubicado en la provincia de Yauli (Junín), y ha sido operado por tres empresas: Cerro de Pasco Corporation, Centromin y Doe Run Perú, hasta que esta última quebró en 2009. Luego de años de paralización, la reactivación está a cargo de Metalúrgica Business Perú, empresa de los extrabajadores de Doe Run. Al cierre de edición, sin embargo, esta última compañía no respondió a nuestras preguntas sobre las actuales emisiones de dióxido de azufre.

Atención especializada en salud

Desde el inicio de operaciones del complejo metalúrgico, en el año 1922, más de una familia migró a las provincias aledañas de Tarma, Jauja y Concepción, también en el departamento de Junín. La familia de Zurita fue una de estas: dejó la comunidad de Huayllacancha y, 35 años después, ella regresó a La Oroya antigua cuando su padre ingresó a trabajar en el complejo metalúrgico. En 1992 su padre se retiró por constantes convulsiones.

“Mi padre murió sin un diagnóstico preciso”, señaló Yolanda Zurita a La Encerrona. En el 2000, Zurita conoció la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), cuyos representantes le explicaron los efectos de la contaminación del aire en su salud. “Allí entendí que las convulsiones de mi padre y las mías eran por la presencia de los metales pesados en nuestra sangre”, manifestó.

El fallo de la Corte IDH ha establecido que la contaminación ambiental de La Oroya ha generado sufrimientos físicos y psicológicos a los ciudadanos. Por este motivo, esta ha ordenado la atención especializada en medicina, psicología y psiquiatría de Zurita y los otros 73 denunciantes que continúan vivos. Los otros seis denunciantes fallecieron y la Corte IDH ha señalado que, en dos casos, la contaminación ambiental fue responsable.

El Gobierno peruano tiene seis meses para elaborar un protocolo de atención de salud a los afectados y, un año después, informar sobre las atenciones médicas brindadas a las víctimas. Asimismo, deberá mejorar la atención médica a la población de La Oroya para tratar enfermedades relacionadas a metales pesados.

A la fecha, el puesto de salud de La Oroya ha dejado atrás la antigua infraestructura de material rústico que estaba declarada en emergencia por peligro de colapso, y ahora funciona en un nuevo complejo de cinco pisos. El alcalde de Yauli, Edson Crisóstomo, y la directora de la red de salud de Jauja, Nancy Baquerizo, sin embargo, aseguran que el centro no tiene la cantidad suficiente de personal médico.

“Dos meses y este centro de salud no funciona ni al 30 %”, anotó Crisostomo, “y aunque llegue más personal no podrán dar atención médica especializada por metales pesados porque no es un hospital”. De acuerdo a Baquerizo, el centro de salud de La Oroya es de nivel 1-IV, por lo que no cuenta con médicos especialistas, sino solo con una persona trabajando en la estrategia sanitaria de metales pesados. 

La construcción de la nueva infraestructura estuvo a cargo del Gobierno Regional de Junín, a través de la empresa Avanzada Tecnología y Servicios. La edificación culminó en octubre del 2023; es decir, con un año y medio de retraso. Además, implicó un costo de S/ 47.8 millones: un monto S/ 14 millones por encima del expediente inicial, según el registro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Los responsables de la contaminación

La sentencia de la Corte IDH reconoce que las empresas privadas Cerro de Pasco Corporation y Doe Run Perú, así como la compañía estatal Centromin, fueron responsables de la contaminación ambiental en La Oroya. Aunque en 1996 se elaboró el primer Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), en aquella época ya existía disyuntiva entre los reclamos por la contaminación ambiental y los pedidos de continuidad del complejo metalúrgico por los puestos de trabajo que generaba.

“Sin la refinería, la gente no tiene dónde trabajar; dicen que estamos contaminados, pero también necesitamos trabajo”, explica un ciudadano de La Oroya que conversó con La Encerrona, pero solicitó no exponer su nombre. A la fecha, alrededor de 13 mil personas viven en la ciudad de La Oroya, según cifras oficiales. Luego del cierre del complejo metalúrgico en el 2009, la población se redujo a más de la mitad. “La mayoría se fue porque no hay dónde trabajar”, agregó el ciudadano.

Esta polémica también afectó a los denunciantes que acudieron a la Corte IDH por la contaminación. “Para 2006, nosotros ya teníamos medidas cautelares de la Corte IDH para que el Gobierno nos diera atención salud, pero gran parte de la población nos veía como los malos: nos gritaban, amenazaban y atentaron con nuestras vidas por reclamar derechos”, dice Liliana Carhuaz, una de las denunciantes. En 2004, Carhuaz confirmó que su hija tenía plomo en la sangre. 

“El derecho a vivir en un ambiente sano no debería generar disputa entre el desarrollo económico y la salud. Los demandantes y organizaciones civiles no piden el cierre del complejo metalúrgico, sino que funcione cumpliendo los estándares ambientales”, dice Rosa Peña, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Según la experta, la sentencia de la Corte IDH es histórica porque reconoce, por primera vez, el derecho a un ambiente sano para una comunidad no indígena en una zona urbana. 

La Corte IDH también ha ordenado al Estado peruano que investigue y sancione la criminalización de la labor de los 74 defensores ambientales de La Oroya. “Hoy, pese a que existe una sentencia que ratifica la contaminación del aire, seguimos siendo vistos como enemigos de La Oroya por exigir un ambiente sano”, dice Zurita. “Pero debemos continuar para sancionar a los responsables y que esto no vuelva a pasar”.

Respecto a las exigencias que la Corte IDH le hizo al Estado peruano, Carol Mora, directora del Programa explicó que estas se tienen que acatar. Sin embargo, si el Estado no cumple con estas disposiciones, como por ejemplo la nueva normativa sobre los estándares de calidad ambiental para aire, las víctimas “podrían imponer una ‘acción de cumplimiento’, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo”.

“Esperemos que no lleguemos al extremo de que las víctimas demanden nuevamente al Estado, porque se supone que el Estado vela por los derechos de las personas, especialmente por el derecho a la salud y el ambiente sano y equilibrado”, concluyó la especialista de la SPDA.