Derrames, luchas y sanciones una década después de uno de los mayores derrames de petróleo en la Amazonía peruana

Escrito por Geraldine Santos (previamente publicado en La Encerrona)

A diez años de uno de los mayores derrames de petróleo en la amazonía peruana y a pesar de un fallo judicial favorable, los kukama kukamiria de Cuninico cuentan solamente con una enfermera y un odontólogo para 800 personas. La población alerta que han aumentado las dolencias estomacales y abortos espontáneos; y los últimos análisis de metales pesados en sangre sugieren una potencial emergencia sanitaria. Mientras tanto, Petroperú aún no cumple con el pago total de las multas recibidas por sus operaciones en el Oleoducto Norperuano.

A pesar que ha pasado una década del derrame, la estaca de madera que levanta en el aire Llerlin Vásquez aún queda impregnada con restos de petróleo. Segundos antes la había clavado en uno de los charcos del bosque que rodea Cuninico, comunidad que es hogar de Llerlin y otros 800 integrantes del pueblo indígena kukama kukamiria. En el 2014, Llerlin fue uno de los 30 comuneros contratados por Petroperú para intentar contener uno de los derrames de petróleo más trágicos de la Amazonía peruana.

“Lo primero que vimos fue la muerte de peces y plantas por la mancha de petróleo [...], luego vinieron las enfermedades a la comunidad”, recuerda Llerlin, quien hoy ocupa el cargo de vicepresidente de Cuninico. El propio Llerlin presentó dolores de cabeza, de cuerpo y se enfermó del estómago luego de recoger el petróleo en el 2014. Ocho años después, un nuevo derrame afectó Cuninico, aunque la operadora estatal Petroperú ha responsabilizado este segundo evento a un corte realizado por terceros. 

En los últimos diez años, el río Marañón y las comunidades como Cuninico que habitan a sus orillas han sido afectadas por derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, un sistema de tuberías que transporta el crudo desde la Selva a los puertos de la Costa peruana. Los kukama kukamiria han advertido de un impacto en su salud a causa de esta actividad petrolera. De hecho, el análisis de los últimos estudios llevados a cabo en la zona por el Estado peruano alertan sobre una potencial emergencia sanitaria.

Usando la Ley de Transparencia, La Encerrona accedió a los análisis de sangre y orina más recientes realizados a Cuninico y las comunidades de San Francisco, Santa Rosa y Nueva Esperanza, también miembros del pueblo kukama kukamiria. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Salud revelan que, entre 2021 y 2022, los niveles de metales pesados en sus organismos estaban por encima de lo normal, de acuerdo a la revisión de las cifras realizadas por un especialista consultado para este reportaje.

“Estas personas necesitan atención médica”, alertó el químico y especialista en daños a la salud de Source International, Flaviano Bianchini, luego de analizar los datos que el Gobierno peruano recogió como parte de su plan de atención a los pueblos afectados por el derrame. Los estudios incluyeron 598 participantes en 2021 y 280 tamizados en 2022 de las cuatro comunidades mencionadas, con el objetivo de detectar plomo en la sangre, y cadmio, mercurio y arsénico en la orina.

“La presencia de los metales pesados es bastante alta. Aunque no estamos a niveles de urgencia como en Cerro de Pasco, la gran mayoría de los casos necesita algún nivel de atención médica especializada”, agregó Bianchini a La Encerrona. El experto alertó que son necesarios más estudios para confirmar que los metales pesados en el cuerpo de los kukama kukamiria están relacionados al proceso de extracción del petróleo en los alrededores de su territorio.

Cuninico y las otras tres comunidades se encuentran a lo largo del río Marañón. Desde la capital de Perú, se viaja casi dos horas hasta Iquitos, en la región de Loreto; y luego otras dos horas por carretera hacia la ciudad de Nauta. Desde esta localidad se aborda un bote a motor que, luego de ocho horas, alcanza al pueblo kukama kukamiria. En el 2014, esta zona sufrió un derrame luego de una ruptura en el kilómetro 42 del Tramo I del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroperú.

El 30 de junio de 2014, seis días después del desastre ecológico, Petroperú alertó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que más de 2 mil galones de petróleo se habían derramado en la quebrada Cuninico, afluente del río Marañón. Cuatro años después, la justicia ordenó al Estado peruano brindar atención médica en los lugares afectados por el derrame, así como monitorear la salud de la población, sobre todo de los menores de edad, madres gestantes y adultos mayores.

Sin embargo, esto no se está cumpliendo. La Encerrona, con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), visitó la zona afectada por el derrame y detectó que, diez años después de la catástrofe ambiental, el pueblo kukama kukamiria aún no recibe la atención médica ordenada por la justicia. Además, la operadora del Oleoducto Norperuano aún no ha remediado los sitios impactados por el derrame, según alertan expertos; y acumula una deuda por sus operaciones petroleras en la zona.

La lucha kukama por el acceso a la salud

En el 2014, a la edad de 26 años, Llerlin Vásquez tuvo contacto directo con el crudo de petróleo durante doce días. Su objetivo era construir una pequeña presa con troncos para evitar que el petróleo derramado llegara hasta su comunidad. Según afirma el propio Llerlin, Petroperú le pagó por realizar dicho trabajo, pero no le advirtió que el hidrocarburo es dañino para la salud humana.; mucho menos, agrega, le dieron alguna indumentaria que lo protegiera del contacto con el crudo mientras trabajaba. 

El derrame de hace una década fue el primer gran impacto de la actividad petrolera en los kukama kukamirias. “El petróleo llegó hasta el río y se manchó constantemente por los derrames; nuestro río y vida están en peligro”, dice el periodista indígena Leonardo Tello Imaina en entrevista con nuestro medio. Tras el desastre ambiental, los casos de enfermedades diarréicas agudas, dermatitis, conjuntivitis y alergias incrementaron en las comunidades de la cuenca del río Marañón. 

En el centro de salud de Cuninico se presentan constantemente pacientes con alergias, dolores de cabeza y problemas digestivos, explica el odontólogo Carlos Sánchez, quien labora en la comunidad. “Desde el derrame de petróleo, los abortos espontáneos han aumentado”, dice la lideresa indígena Flor de María Vásquez. Sin embargo, el Ministerio de Salud solo cuenta con información sobre abortos espontáneos a nivel del distrito de Urarinas, y no el detalle para cada comunidad indígena.

La exposición al petróleo puede generar enfermedades al sistema gastrointestinal por el consumo del agua y alimentos contaminados, así como al sistema respiratorio, según explica el experto en daños a la salud de Source International. De acuerdo a Bianchini, los análisis de sangre no son suficientes: son necesarios estudios comparativos sobre la frecuencia de estas enfermedades antes y después del derrame, y así “entender que el hidrocarburo en el ambiente es un factor clave”. 

Ante la falta de atención médica, las comunidades demandaron al Ministerio de Salud en el 2015. Tres años después, la Corte Superior de Justicia de Loreto ordenó al Estado peruano implementar una estrategia de salud pública para atender a los afectados por el derrame de petróleo. Según el plan de actividades, Cuninico debería tener un equipo de 11 profesionales de salud, entre médicos y personal de apoyo. Al 19 de marzo, sin embargo, La Encerrona solo encontró una enfermera y un odontólogo en la zona. 

Esta no es la única batalla legal del pueblo kukama kukamiria. En marzo de este año, el Poder Judicial reconoció al río Marañón como titular de derechos en primera instancia. En un tercer proceso judicial, las comunidades de Cuninico, Santa Rosa, San Francisco y Nueva Esperanza reclaman que Petroperú reconozca el daño económico del derrame por la pérdida de espacios para pescar, cazar y cultivar. Este último proceso sigue en curso ante el Juzgado Mixto de Nauta. 

Las familias afectadas por el derrame pierden entre 600 y 1000 soles en ingresos mensuales por la paralización de sus actividades, según el estudio Reconocer el daño del 2023. La autora del análisis, Kely Alfaro Montoya, explica que el derrame afectó a 207 familias. “El Estado no tiene información sobre las actividades económicas de las comunidades indígenas. Esto se debe cambiar porque la actividad petrolera funciona como si no existiera población en la Amazonía”, anotó la experta.

Derrames sin remediación y deudas sin pagar

El Oleoducto Norperuano es la infraestructura de transporte de hidrocarburos más grande del Perú con más de 1000 kilómetros: recorre la Selva, Sierra y Costa a través de cinco regiones. Opera desde 1978 y, entre 2013 y 2023, se ha registrado un total de 91 derrames de petróleo, según información de OEFA. De acuerdo a la normativa, por regla general, Petroperú debe asumir la remediación de los sitios contaminados como consecuencia de su actividad extractiva petrolera. 

Entre los 91 derrames está Cuninico. “Antes del derrame el lugar era hermoso: había abundancia de peces en la quebrada y el aire era fresco; ahora es difícil pescar y hasta los animales se han ido por la contaminación”, relata la lideresa indígena Vásquez. En pronunciamientos anteriores, la empresa estatal ha asegurado que ejecuta acciones de limpieza y remediación ambiental. 

Si bien Petroperú cuenta con un Plan de Contingencia ante derrames, la remediación es un proceso diferente que implica una limpieza profunda y reforestación del lugar. “Las remediaciones ambientales son costosas: solo sellar un lote petrolero cuesta millones. En el caso de la Amazonía se tiene que trabajar en el recojo del producto del suelo y el agua, un procedimiento complejo por la composición del ambiente. Considerando que van más de diez años sin remediar un sitio impactado, da la impresión de que no es un tema prioritario para el Estado”, señala Wendy Ancieta, experta en hidrocarburos de la SPDA.

Otro documento importante para atender un derrame de petróleo es el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Aunque OEFA ordenó en el año 2016 que Petroperú actualice dicho documento según la normativa vigente, Ancieta advierte que esto no ha ocurrido hasta el momento. El Ministerio de Energía y Minas no respondió a nuestras preguntas sobre esta actualización porque, al cierre de edición, no tenían un director de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos por los constantes cambios en el sector. 

En relación al Oleoducto Norperuano, OEFA ha encontrado infracciones de Petroperú en un total de 47 procesos de fiscalización, entre 2013 y 2023, y que ha supuesto una multa conjunta de más de 28 mil UIT (cuyo valor en soles varía según el año en que se impuso cada sanción). Las multas están contenidas en 51 resoluciones (un expediente de fiscalización puede devenir en más de una multa). Sin embargo, Petroperú solo ha pagado 22 de estas en su totalidad y otras 6 solo de manera parcial, según OEFA.

A inicios de la semana pasada, La Encerrona solicitó una entrevista a Petroperú para consultar sobre los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano y la deuda que mantiene con el Estado por las multas de OEFA, pero no obtuvimos respuesta.

*Este reportaje es parte de una serie investigativa sobre medio ambiente y contaminación en Perú, realizada con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).