Oleoducto Norperuano (ONP). Resumen de caso

El Oleoducto Norperuano (ONP), operado por Petroperú, es una infraestructura clave para el transporte de hidrocarburos en el Perú. Construido en la década de 1970, el ONP atraviesa cinco regiones del país y diversas áreas naturales protegidas, incluyendo la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Sin embargo, esta infraestructura presenta graves problemas ambientales y de gestión, que han resultado en numerosos derrames de petróleo, afectando tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.

Uno de los principales problemas es la falta de actualización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del ONP, que fue aprobado en 1995 y no ha sido revisado desde entonces. Este programa es insuficiente para manejar los impactos ambientales actuales y no se ha actualizado a pesar de las órdenes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tras los derrames de 2016. Hasta mayo de 2024, Petroperú no ha cumplido con esta actualización, lo que agrava la situación de riesgo ambiental.

Entre 2011 y 2024, se han registrado 100 derrames en el ONP, siendo la mayoría causados por actos de sabotaje (cortes) y el resto por fallas en la infraestructura como corrosión y falta de mantenimiento. Estos derrames han dado lugar a 52 procedimientos sancionadores contra Petroperú, resultando en multas significativas. Las infracciones incluyen la falta de medidas preventivas para evitar la corrosión de las tuberías, la inadecuada descontaminación de áreas afectadas, y la omisión de reportes y estudios necesarios para la gestión de emergencias.

Un caso emblemático es el derrame ocurrido en 2014 en la comunidad nativa de Cuninico, donde más de 2,000 barriles de petróleo contaminaron la quebrada del mismo nombre, afectando a varias comunidades indígenas. A pesar de las sanciones y órdenes del OEFA, hasta la fecha, Petroperú no ha cumplido con la remediación adecuada del área afectada. Esto ha generado un daño persistente en la flora, fauna y salud humana de la zona.

Para solucionar estos problemas, es crucial que se actualice el PAMA y se implementen medidas de remediación en los sitios contaminados. Además, es necesario que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades estatales refuercen la coordinación y supervisión de las acciones de Petroperú. También se debe fortalecer el marco normativo ambiental para asegurar una gestión más efectiva y proteger los derechos de las comunidades afectadas.

¿Qué buscamos en este caso? 

En cuanto a la sentencia del caso Cuninico, es fundamental exigir que Petroperú cumpla con las medidas de remediación ordenadas y se establezcan mecanismos de seguimiento rigurosos. Es necesario que las autoridades competentes tomen acciones inmediatas para restablecer las condiciones ambientales y garantizar la protección de los derechos humanos de los pobladores afectados. La falta de respuesta y acción en este caso representa una grave omisión que debe ser corregida para prevenir futuros desastres ambientales.